El apremio por impago de pensiones alimenticias y su relación con el derecho a la libertad

El lector tiene en sus manos un manual de aprendizaje, destinado a la enseñanza de los fundamentos del Derecho Mercantil a los alumnos de segundo curso del Grado en Derecho en la Universidad. Es por lo tanto una obra destinada a introducir a los alumnos en una materia jurídica, y se ha escrito primando los aspectos prácticos, didácticos e informativos sobre los propiamente científicos o de investigación. Se trata aquí de transmitir y enseñar, de cautivar al alumno e incitarle a ampliar sus conocimientos sobre la materia y la práctica profesional posterior, no de crear doctrina, de...

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las relaciones entre ambas infracciones delictivas....

El Código Civil establece que "los padres son responsables de los daños causados por los hijos que estén bajo su guarda" y que "los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía". Y son los maestros, por otro lado, los responsables respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su custodia. En teoría, padres, guardadores y tutores podrán eludir su responsabilidad si prueban que actuaron con la diligencia de un buen padre de familia en el cumplimiento de sus...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...