El teletrabajo en las administraciones públicas: ámbitos estatal y autonómico

El libro colectivo versa sobre el tiempo de trabajo y el salario en la negociación colectiva sectorial estatal. Ha sido elaborado por diecinueve investigadores miembros del Grupo de Alto Rendimiento de Investigación en Relaciones Laborales y Protección Social en el siglo XXI (URJC-LAB), coordinado por la profesora Raquel Yolanda Quintanilla Navarro. Estamos ante el tiempo de trabajo y el salario, dos de las instituciones más importantes del Derecho del Trabajo, que, desde las primeras leyes laborales, han sido objeto de regulación a fin de que no se supere un tiempo máximo de trabajo,...

Tras la muerte de Fernando VII, el régimen del Estatuto Real diseñó un nuevo marco político aceptado, en principio, por un amplio sector del liberalismo. Sin embargo, la estrechez del régimen y el peligro de involución por la irrupción del carlismo propiciaron el distanciamiento del grupo más avanzado, que planteó la necesidad de ampliar los derechos políticos. La oposición de este sector se manifestó tanto por la vía política -por medio de la lucha electoral o parlamentaria-, como por la vía instrumental -a través de los movimientos revolucionarios de 1835 o 1836-. La...

La presente es una edicion actualizada de la Ley Numero 43 de 14 de mayo de 1932 (Puerto Rico), conocida como Ley del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta la forma en cómo se desarrolla y cómo se conecta con diversas realidades sociales, otras ramas del conocimiento, sectores del Ordenamiento Jurídico e instancias supranacionales. Últimamente, el avance de la tecnología en la gestión de la economía viene produciendo un fuerte cambio en el tráfico comercial...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.