Las insolvencias punibles en la encrucijada del derecho penal y del derecho mercantil tras la aprobación de la nueva ley concursal española

En esta obra la autora argumenta que la justicia arbitral tiene competencia plena para dirimir las controversias derivadas de actos administrativos contractuales -incluyendo la legalidad de estos- en los contratos estatales. De tal manera, se presenta en el primer segmento del libro una descripción del estado actual de la competencia de los árbitros haciendo un análisis jurisprudencial y legal. En la segunda parte se ponen en evidencia las dificultades que el panorama jurisprudencial actual les genera al orden público y a las partes, para finalmente mostrar -en la tercera sección del...

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina constitucional alemana, la categoría de los derechos de defensa (Abwehrrechte) no ha tenido un excesivo éxito ni una utilización generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia. Nuestra doctrina e incluso la jurisprudencia ha preferido mantener la distinción de carácter material entre derechos de libertad y derechos sociales, antes de optar por descripciones de carácter prescriptivo como la planteada entre derechos de defensa y derechos de prescripción....

De Roma a Poniente ofrece al lector una amplia muestra de parecidos razonables entre la sociedad retratada en la exitosa serie Juego de Tronos, inspirada en las novelas de George R. R. Martin, y la vida en la Roma clásica. La premisa es, a primera vista, sorprendente: el Derecho de los Siete Reinos es Derecho romano, pero se justifica al abordarse el tratamiento en la saga de cuestiones como el status de libertad frente a la condición de esclavitud, la herencia, las relaciones de parentesco, la represión del adulterio y del incesto o el castigo a los parricidas. Y, muy en especial, el...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...