Las insolvencias punibles en la encrucijada del derecho penal y del derecho mercantil tras la aprobación de la nueva ley concursal española

El título responde a las exigencias planteadas por la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública. De conformidad con el citado texto, aquellas personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así como los auditores y funcionarios responsables de la revisión de los casos relacionados con la contratación pública, deberán disponer de las cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas...

El constitucionalismo rígido, al conferir carácter normativo a los derechos fundamentales, ha introducido todo un sistema de límites y vínculos para la legislación. A juicio de Ferrajoli, éste es el fundamento del modelo garantista, caracterizado por un cambio estructural de doble vertiente, en el derecho y en la democracia, que se deriva de la inserción en ambos de una nueva «dimensión sustancial». La presencia de ésta hace del Estado constitucional de derecho la culminación de un laborioso proceso de erosión del viejo concepto de soberanía en el ámbito interno de los Estados, ...

La aparición del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado o CPP en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 ha supuesto una revolución silenciosa en la forma de hacer de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inmenso potencial de este nuevo contrato no se ha visto desplegado en su totalidad por diferentes motivos que, en la mayoría de los casos, se escapan de una argumentación racional en toda regla. Descubriremos, pues, qué se esconde detrás de una figura jurídica tan desconocida como interesante y daremos algunas razones para situar al ...

En el volumen anterior a este texto indicábamos cómo en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales en el país, tanto que Colombia ha llegado a ser considerado como uno de los países con más conflictos ambientales de Latinoamérica, aspecto que demuestra los profundos desacuerdos entre los actores de la gestión ambiental (instituciones estatales, pueblos y comunidades, gremios económicos, etc.) sobre cómo usar, acceder, intercambiar o comercializar bienes ambientales y naturales.