Sistema de apoyos para personas con discapacidad . Medidas jurídico-civiles y sociales

La "incapacitación judicial" (o "modificación de la capacidad de obrar") es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha...

El trabajo de investigación que se presenta en estas páginas, aborda una lectura jurídica y sociológica de la globalización y de sus efectos sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A ese propósito se destinan los tres capítulos en los que se ha dividido la monografía; a saber: F El primero, ofrece la visión concreta de cómo concibe el autor del libro el fenómeno de la globalización. He tratado aquí de dar mi punto de vista sobre este fenómeno, no precisamente nuevo, aunque sí poliédrico y susceptible de lecturas dispares. F El segundo aborda las fórmulas...

Según reiterada doctrina del TC español, «la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad». Sobre esta premisa, en la presente obra se esboza una teoría principialista de la pena. Pero frente a las comprensiones mayoritarias, preocupadas por la idea –que apenas por la praxis– de la prevención, la teoría esbozada se interesa primeramente por «la relación de proporcionalidad entre el desvalor del comportamiento… y la pena», y de la mano de la teoría de la...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...