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La actuación de las Administraciones Públicas, que por mandato constitucional, solo debe estar dirigida a servir el interés general, no puede seguir lastrada por la presencia de una percepción social generalizada de corrupción en la esfera de la gestión de los servicios públicos. Es necesario luchar contra el problema de la corrupción desde todos los ámbitos posibles, pero particularmente desde la propias Administraciones Públicas, y no solo desde la manifestación de un compromiso de erradicación de este fenómeno, sino que es necesario que éstas se impliquen de forma real y efectiva en esta lucha mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a establecer, por un lado, un marco de conducta de obligado cumplimiento para todos los actores que intervienen en la gestión y prestación de servicios públicos, y, por otro, a implementar controles preventivos en todas aquellas actuaciones públicas que son más susceptibles y expuestas a posibles corruptelas.