Il processo al processo

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (estatal) es uno más de los elementos integrantes del complejo Derecho cooperativo español. A pesar de que su ámbito de aplicación viene profundamente mediatizado por la coexistencia con las legislaciones autonómicas, resulta llamativa la frecuencia con la que es invocada por la doctrina, así como su indudable protagonismo en la conformación de la historia judicial de nuestra figura. Cumplidos veinte años de su vigencia, la revisión de las resoluciones en las que ha resultado aplicada por nuestros Tribunales resulta un merecido...

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las relaciones entre ambas infracciones delictivas....

La contaminación provocada por olores corresponde a un tipo de contaminación atmosférica que anualmente genera un importante y creciente número de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía, y que habitualmente se remiten, en primera instancia, a los ayuntamientos. Inicialmente, estas administraciones locales cuentan con las competencias en esta materia en el contexto de la comunidad autónoma de Cataluña, que es el marco en el que desarrollaremos el presente estudio. Por ello, mediante un estudio jurídico-descriptivo y, en su última parte, jurídico-propositivo, se pretende...

La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un destacado alcance jurídico no sólo para el Derecho Constitucional -en razón de que afecta a un Poder esencial del Estado y a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial-, sino también para el Derecho Procesal -en función de que regula la organización y el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales- y para el Derecho Administrativo -en atención a que contempla relaciones jurídicas materialmente administrativas y procedimientos de carácter administrativo, que aluden, entre otros extremos, al régimen estatutario...