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El principio general de autonomía de la voluntad —el «standum est chartae» del Derecho civil aragonés—, se proyecta en sede de sucesiones en la libertad de disposición del causante, con la consideración de su voluntad como ley de la sucesión, siendo una manifestación jurídico institucional del mismo la partición realizada por el causante, que puede deberse a diferentes y variados motivos: desde asegurar el cumplimiento de su voluntad en la división y adjudicación de los bienes que componen su patrimonio hasta el ahorro de tiempo y gastos o el evitar pugnas y los litigios en...

En el libro se explica de manera clara y concisa, y siempre en clave histórica, todo el proceso de formación de un ordenamiento jurídico. Y es que hace más de 2000 años Roma descubrió para la humanidad una cultura jurídica común que se expresa en una lengua universal y que sirve a la justicia material. Es el arte de lo bueno y de lo justo. El libro es un ensayo histórico que da buena cuenta de la excelencia intelectual de la jurisprudencia romana en la resolución de conflictos, y además enseña las singulares habilidades de los juristas en la realización de la justicia en cada una ...

El proceso de institucionalización del grupo de empresas ha sido lento y desordenado y, en este sentido, desvertebrado: por ello, se realiza un replanteamiento del problema, sistema y método en la teoría jurídica de los grupos de empresas. A este respecto se tiene que convenir que la respuesta que el sistema jurídico (el "derecho de la empresa") y la teoría jurídica proporciona hasta el momento es insuficiente. El ordenamiento ha acabado al tiempo definiendo a los grupos de empresas, pero de forma deliberada (como opción de política del Derecho) no le ha otorgado un régimen...

Si el Derecho civil es el Derecho privado común, ya que regula las relaciones entre todos los particulares (familiares, matrimoniales, reales, etc.), el Derecho mercantil es el Derecho privado especial, pues tan sólo regula las relaciones entre ciertos particulares: los empresarios; siguiendo, como sistema de prelación de fuentes, con respeto siempre a la Constitución española como norma suprema: 1o) la legislación mercantil (Código de Comercio (1885); leyes especiales; y normativa comunitaria); 2o) los «usos de comercio»; y 3a) el Derecho común (Código Civil). Puesto que su fin es ...