LEY DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las relaciones entre ambas infracciones delictivas....

El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta la forma en cómo se desarrolla y cómo se conecta con diversas realidades sociales, otras ramas del conocimiento, sectores del Ordenamiento Jurídico e instancias supranacionales. Últimamente, el avance de la tecnología en la gestión de la economía viene produciendo un fuerte cambio en el tráfico comercial...

En el libro se explica de manera clara y concisa, y siempre en clave histórica, todo el proceso de formación de un ordenamiento jurídico. Y es que hace más de 2000 años Roma descubrió para la humanidad una cultura jurídica común que se expresa en una lengua universal y que sirve a la justicia material. Es el arte de lo bueno y de lo justo. El libro es un ensayo histórico que da buena cuenta de la excelencia intelectual de la jurisprudencia romana en la resolución de conflictos, y además enseña las singulares habilidades de los juristas en la realización de la justicia en cada una ...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...