Para entender las relaciones intergubernamentales

Lesch aclara con precisión qué se quiere decir cuando se habla de la pena y su función. En términos generales se refiere a ella como un mal que se causa a una persona en un procedimiento público-general, llevado a cabo por el Estado formal, en cuanto se ha producido la lesión de una regla jurídica, si esta lesión se tiene que imputar a esa persona a modo de reproche.

Se presenta la obra de Joaquín Ma Nebreda al que el prologuista de la misma, el maestro de maestros profesor García de Enterria, califica de “gran experto en Derecho de la electricidad ... autor ya acreditado de libros y trabajos sobre esta materia ...”, que ofrece una panorámica histórica del régimen especial de producción eléctrica así como una detallada reseña de la normativa vigente a Octubre de 2007, tanto desde la perspectiva comunitaria como estatal y autonómica. Efectivamente, después de repasar la Ley 82/1980 de Conservación de la Energía, con toda su normativa de...

Examinar el Derecho Disciplinario de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas desde la perspectiva del deber funcional no pretende derruir la importancia de la ilicitud sustancial corno categoría dogmática del Derecho Disciplinario y, menos aún, la construcción y el análisis dogmático de esa categoría llevada a cabo por Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Por el contrario. El deber funcional como concepto nuclear del derecho disciplinario parte de reconocer el carácter fundamental de la ilicitud sustancial como categoría dogmática propia del derecho...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...