Planned obsolescence and the rule of law

Esta colección, al año, compila un número de ensayos cuidadosamente seleccionados de distinguidos investigadores de la Universidad Externado de Colombia, nacionales y extranjeros, en su idioma original, sobre temas teóricos del campo del derecho económico y del análisis económico del derecho. Una mirada a la tabla de contenido mostrará el amplio espectro de temas que con claridad y de manera concisa pueden revisarse reunidos en un solo tomo, convirtiéndose en una magnífica herramienta de actualización para profesionales e investigadores que ,de una u otra manera, tienen contacto...

La regulación del diagnóstico genético preimplantacional en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, ofrece a las parejas susceptibles de transmitir un defecto a su descendencia la posibilidad de evitar este resultado mediante la selección embrionaria. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando este diagnóstico resulta erróneo y determina falsamente que el preembrión analizado no sufre la alteración genética que realmente padece o que es histocompatible con un tercero con el que en verdad carece de HLA-compatibilidad? La consiguiente implantación por...

Los mapas sugieren la idea de un retrato: una copia de la realidad en la cual el cartógrafo representa lo que existe, el mundo tal y como es; sin embargo, más que pinturas fieles de lo que hay en el mundo, la geografía y la cartografía son formas de administrar y construir un orden social y uno natural.

Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administración soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realización de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperación, la...

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículo 7 y 28), las...