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En los últimos veinticinco años, España ha pasado de la condición de receptora de ayuda oficial al desarrollo a la de donante. Durante ese mismo período se han producido importantes cambios conceptuales en torno al desarrollo y a su articulación jurídica internacional. Fruto de dichas transformaciones, la consagración del derecho al desarrollo ha llevado aparejada una búsqueda de sus fundamentos y de los cauces que pueden dotarlo de efectividad plena. Uno de los obstáculos más frecuentemente invocados es la onerosa carga de la deuda externa que sufren los países aún en desarrollo. En este trabajo se aborda la relación entre ambas dimensiones derecho al desarrollo y deuda externa desde una perspectiva nacional. El aspecto más crítico del trabajo se centra en la evaluación del grado de coherencia que existe entre las diversas manifestaciones de la política española en materia de deuda externa, incluida su postura ante la Asamblea de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, y las transformaciones del contexto normativo que han llevado a situarla, hoy por hoy, en el ámbito de la cooperación oficial al desarrollo, en virtud de la Ley 23/1998 de 7 de julio.