El concepto de «poder constituyente»

El principio del Estado Social es el fundamento de una acción normativa que atienda a la igualdad y las condiciones de vida. A partir de esta premisa, siguiendo a la mejor doctrina continental europea sobre este tema, el autor realiza un exhaustivo análisis acerca de su significado e implicaciones jurídicas, con especial referencia a la situación constitucional española, afirmando que si el principio del Estado de Derecho limita la actividad del Estado y el principio Democrático legitima el carácter abierto al futuro, el principio del Estado Social impone a todos los poderes públicos...

Robots y personas es una monografía que toma como punto de partida una exposición básica sobre la Inteligencia Artificial y sus presupuestos, así como las elaboraciones en las instituciones europeas sobre este fenómeno, para estudiar la entidad de los sistemas robóticos inteligentes y sus repercusiones en el mundo del Derecho. Con esta finalidad, el estudio se ocupa de los poco afortunados intentos de crear una personalidad electrónica para robots, poniendo de relieve lo que de mero recurso de utilidad tiene esta solución, y proponiendo un examen de la subjetividad de la Inteligencia...

El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezó a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos...

La Ley de la Navegación Marítima lleva a cabo una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus aspectos. Se trata de una renovación que no busca una mera actualización y codificación, sino que también responde a su imprescindible coordinación con el Derecho Marítimo Internacional y su adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.