Formas y funciones de la enmienda constitucional

La compatibilidad entre el Estado de Derecho y el Estado social no es una premisa teórica. Tiene unas exigencias insoslayables, que pasan por la obligación para el Estado de crear las condiciones socio-económicas que hagan realidad los derechos fundamentales proclamados en la Constitución. En el desarrollo concreto del Estado constitucional democrático de nuestros días, parece cada vez más certera la opinión que se inclina por superar la eventual contraposición entre los derechos que son expresión del principio liberal puro, los que son manifestación del principio democrático y...

La actual imbricación de los ordenamientos jurídicos plantea la necesidad del análisis del orden internacional y de la UE en lo que atañe a cómo reconocen el derecho al uso de la lengua propia a los minoritarios en el seno del Estado. En la Comunidad internacional se constata a partir de la segunda mitad del S. XX el abandono del paradigma de la negación del otro, encarnado por el caso francés y alemán, y el paso al de respeto de la diversidad lingüística. Éste, durante bastante tiempo entendido como encarna el modelo americano de "laico en lo cultural", es a partir de los años 90 ...

La práctica jurídico-administrativa pone de relieve la presencia habitual de formas de actuación administrativa basadas en la deliberación y concertación con grupos ciudadanos, cuyo propósito es alcanzar objetivos de interés público. A pesar de su importante desarrollo, estas actuaciones han tenido un escaso estudio por la doctrina colombiana debido a la ausencia de encaje con el sistema de actos jurídico-públicos tradicionales, lo que ha ameritado que la doctrina extranjera les otorgue el nombre de actuaciones informales. Este concepto ha sido ilustrado por Schmidt Assmann (1993a,...

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las relaciones entre ambas infracciones delictivas....