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Ese año, según los registros de Espacio Público hubo 151 violaciones a la libertad de expresión, cifra superior en 4,9% a las de 2006. Venezuela fue colocada en la zona marrón en materia de violación de la libertad de expresión. Se acentuaron las agresiones contra los medios y los comunicadores sociales. Hasta el cansancio el dictador repitió que su gobierno no renovaría la concesión a Radio Caracas Televisión, a pesar de que ésta no fenecía en 2007. Fueron constantes las amenazas de muerte contra periodistas por informar sobre hechos de corrupción. La Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones internacionales mostraron su preocupación por las violaciones de la libertad de expresión de parte de factores gubernamentales. Un tribunal prohibió a los medios publicar información sobre el Caso Anderson. Ese año el gobernador del Estado Bolívar le declaró la guerra a Correo del Caroní, de Ciudad Guayana, por informar sobre hechos de corrupción debidamente probados por los tribunales, pero que su régimen quería invisibilizar. Inclusive amenazó con demoler el edificio del diario, aunque éste disponía de los respectivos documentos de propiedad.