La prueba "jurídica" de la culpabilidad en el nuevo sistema penal

La justicia transicional es una modalidad de la justicia consensual, y por supuesto, su característica más definitoria es el principio dialógico, inquietud hoy de primer orden sobre la cual los estudiantes de la Maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia –promoción 2020-2021– han querido discernir y disertar como aporte a la juridicidad colombiana, muy especialmente al sistema de Justicia Especial para la Paz (jep). En sentencia interpretativa del Tribunal para la Paz se afirma que la hermenéutica de las normas de la jep debe conducir a...

En esta oportunidad, los profesores Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Carlos Andrés Guzmán Díaz se ocupan de las estipulaciones probatorias en el proceso penal, es decir, de los acuerdos que hacen las partes para dar por probados o aceptados ciertos enunciados fácticos durante un juicio y, por tanto, tales hechos no serán objeto de debate. Para tal fin, los autores deciden plantear los problemas epistemológicos que se derivan de una verdad por consenso, pues, como bien se explica en el libro, el tema es realmente complejo, por lo que esta óptica es inédita en nuestro medio. Además,...

Trascendental trabajo ha realizado Carlos Arturo Gómez Pavajeau, actual Viceprocurador General de la Nación, en esta obra titulada Dogmática del derecho disciplinario, en aras de afianzar el derecho disciplinario como una especialidad jurídica, con una estructura propia, acorde con los principios consagrados en nuestra Constitución Política, fuente primaria y directa de la aplicación del derecho, apartándose definitivamente de las distintas tendencias que lo ubican unas como una especie del derecho penal y otras en conexión con el derecho administrativo. Consecuente con ello es que...

En lo que va de la segunda edición al día de la publicación de la presente ha transcurrido corto tiempo. Empero, el mismo ha sido intenso en producción y propuestas sobre el Derecho Disciplinario, principalmente por parte del Consejo de Estado, pero también de a Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presente trabajo realiza un estudio completo sobre la Ética en la práctica profesional de los Servidores Públicos y el desarrollo de las actividades dentro de la función pública; por cuanto ayuda no solo en el ámbito profesional e institucional, sino que también aporta a la persona de manera individual, a la familia y a la sociedad. La falta de moral refleja una consolidación de malas costumbres y actitudes, que muchas veces nos hace reflexionar sobre el hecho moral y la búsqueda de las razones que justifican la utilización de un sistema moral. Además, se hace constar postulados ...

El incremento de la poblaci¢n mayor y la nueva legislaci¢n sobre discapacidad y dependencia, especialmente a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de Promoci¢n de la Autonom¡a Personal y Atenci¢n a las personas en situaci¢n de Dependencia y de su desarrollo normativo en cada Comunidad Aut¢noma, ha impulsado un revisi¢n de los textos y ense¤anzas de las materias relacionadas con la intervenci¢n social y sanitaria para la tercera y cuarta edad. La presente obra recoge esos textos normativos recientes junto con otros b sicos para el acercamiento al fen¢meno de a vejez:...

Considerar que los derechos de la propiedad industrial constituyen una verdadera propiedad resulta compatible con lo dispuesto en el régimen general del Código Civil, que en el artículo 653 señala que los bienes consisten en cosas corporales o incorporales; con lo establecido en el artículo 664, conforme al cual las cosas incorporales son derechos reales o personales, y con lo previsto en el artículo 671, según el cual las producciones de talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.