La responsabilidad penal de las personas jurídicas

La prueba de oficio en el proceso civil colombiano ha generado a lo largo de su vigencia preocupaciones relacionadas con la pérdida de la imparcialidad del juez y con la indeterminación de los criterios específicos que le permitan utilizarla en los casos concretos. Una y otra cuestión están relacionadas, por cuanto la falta de claridad acerca de cuándo el juez debe hacer uso de la prueba de oficio en un caso concreto aumenta el riesgo de que este pierda su imparcialidad, como quiera que la decisión quedaría librada a su parecer. En este escrito se plantean algunos criterios extraídos ...

En la actualidad, es frecuente que tanto los/las abogados/as como las personas jurídicas tiendan a trascender las fronteras entre Estados de la Unión para prestar sus servicios profesionales. Por ello, la profesión de la abogacía debe ejercitarse en la práctica con el menor número de obstáculos que impidan el libre ejercicio de la misma dentro de la Unión Europea. No obstante, la regulación de la libertad del ejercicio de la abogacía ha ido evolucionado desde su origen en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea hasta su actual regulación mediante la adopción de Directivas...

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...

En 1986 apareció la primera edición de este libro. Era una denuncia de los atentados que cada día, cada hora, cada minuto se comenten en el mundo contra la dignidad de la persona humana en todos los Estados. No solo en los Estados –y por los Estados– que no firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la firmaron sin la menor intención de cumplirla, sino por los que se consideran perfecta imagen del Estado de Derecho, aunque de forma más cultivada y hasta seductora. Entonces no habían transcurrido ocho años desde la Constitución de 1978. Pero habían sido...