Observatorio de los contratos públicos 2020

Los planes de pensiones son un instrumento de gran utilidad para canalizar el ahorro privado y complementario de las pensiones públicas, pues constituyen una modalidad de inversión a largo plazo, con un papel muy importante como complemento de renta sobre la prestación por jubilación procedente de la Seguridad Social y con un ventajoso tratamiento fiscal con respecto de otras formas de inversión financiera. Esta obra colectiva tiene por objeto realizar, a partir de un breve análisis económico de la previsión social pública y complementaria y una aproximación al sistema público de...

Distribuido en tres Capítulos, se analizan el juicio verbal, los recursos y la nulidad, rescisión y revisión de sentencias. El estudio aborda de forma completa las diferentes cuestiones que se suscitan en la práctica procesal civil, con un estudio exhaustivo del proceso declarativo ordinario, así como de los distintos tipos de recursos, analizándose con especial amplitud los recursos de apelación, infracción procesal y casación, finalizando con el examen del régimen de nulidad de actuaciones, rescisión de sentencias dictadas en rebeldía y revisión de sentencias firmes. Se...

La aparición del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado o CPP en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 ha supuesto una revolución silenciosa en la forma de hacer de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inmenso potencial de este nuevo contrato no se ha visto desplegado en su totalidad por diferentes motivos que, en la mayoría de los casos, se escapan de una argumentación racional en toda regla. Descubriremos, pues, qué se esconde detrás de una figura jurídica tan desconocida como interesante y daremos algunas razones para situar al ...

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TITULO I CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecidos por el apartado "B" del artículo 102 constitucional.