La Poligamia. ¿debería ser reconocida como forma de matrimonio válida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?

Han transcurrido diez años desde la publicación de la segunda edición de estos Comentarios a nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Aquella edición estuvo marcada por la entonces reciente aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta tercera edición coincide en el tiempo con tres recientes modificaciones de la Ley, de muy diversa envergadura: las derivadas respectivamente de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial; de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el...

El Derecho fundamental a la presunción de inocencia es la esencia de todo proceso penal: no es un principio más del proceso, es el proceso mismo, a modo de directa prohibición de desautorizarlo. El hilo conductor es la presunción de inocencia: problemas escogidos en torno a la misma, a través de un programa que explica sus efectos en diversos ámbitos del Derecho penal. La obra revisa ampliamente el propio concepto de presunción de inocencia y otros aspectos básicos también relacionados, como el dolo, la prescripción, la prisión provisional, el delito flagrante, la psicología del...

El principio general de autonomía de la voluntad —el «standum est chartae» del Derecho civil aragonés—, se proyecta en sede de sucesiones en la libertad de disposición del causante, con la consideración de su voluntad como ley de la sucesión, siendo una manifestación jurídico institucional del mismo la partición realizada por el causante, que puede deberse a diferentes y variados motivos: desde asegurar el cumplimiento de su voluntad en la división y adjudicación de los bienes que componen su patrimonio hasta el ahorro de tiempo y gastos o el evitar pugnas y los litigios en...

Este estudio trata sobre los derechos sociales que se encuentran incorporados al catálogo de derechos fundamentales de las Constituciones. Como es bien sabido, la mayoría de las cláusulas constitucionales que pretenden garantizar derechos sociales están redactadas a través de formulaciones sucintas y con términos ambiguos o excesivamente vagos. Por eso, el interrogante que se plantea es si existe algún procedimiento de argumentación que permita justificar racionalmente su adjudicación judicial. Para responder a esta pregunta el autor partirá del marco teórico proporcionado por la...