VIH y accesibilidad en tiempos de crisis

Desde que el derecho de adaptación de la jornada por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar fue incorporado a nuestro ordenamiento en 2007, su configuración ha ido evolucionando hasta la versión del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que hoy está vigente. El presente estudio examina en profundidad este precepto en su redacción actual, así como la intrínseca vinculación que mantiene con los derechos constitucionales a la igualdad y a la protección de la familia (arts. 14 y 39 CE). La ordenación estatal se conecta asimismo con la regulación comunitaria de ...

La presente obra aborda el fundamento del sistema impositivo español a tenor del contenido del artículo 31 de la Constitución Española de 1978, cuya mención a la justicia la sitúa como un valor superior que constituye la cualidad del ordenamiento tributario.El estudio aconseja comenzar con una aproximación a la filosofía clásica para encontrar la vinculación entre tributo y justicia según los valores imperantes en la sociedad de cada época. Y puesto que el deber de contribuir tiene una dimensión hacendística, jurídica y también ética, es obligado referirse a cada uno de estos ...

El uso de Internet ha determinado la inevitable aparición de una serie de conductas capaces de lesionar intereses de carácter predominantemente individual. La presente obra pretende el estudio y análisis de los diferentes fenómenos de carácter delictivo en el ámbito de Internet, mediante una descripción detallada de cada uno de ellos, de su capacidad para producir la lesión de bienes jurídicos relevantes y, sobre todo, de las posibilidades de la legislación, fundamentalmente penal, para hacerles frente, con especial atención tanto a las novedades introducidas por la LO 5/2010, de...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...