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La corrupción administrativa se ha convertido en un factor desestabilizador de la consolidación del Estado Social de Derecho concebido a partir de la Constitución de 1991, por cuanto desacredita las instituciones estatales y genera desconfianza en las mismas por parte de los ciudadanos, sin desconocer el alto impacto que tiene sobre el conflicto armado que actualmente vive Colombia, pues sirve de excusa para que el legítimo derecho a protestar sobre como se maneja la cosa pública incluya la rebelión con las armas de los grupos que hoy están en contra del Estado de Derecho. Si bien es cierto que la Constitución Política señala en su concepción la obligación que tienen las autoridades de actuar de manera diligente, eficiente, transparente, etc., de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2091, al parecer estos principios poco se han aplicado en las actuaciones administrativas y más específicamente en lo concerniente a la contratación administrativa.